El endurecimiento del embargo pone en alerta a las firmas extranjeras en Cuba

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Los distribuidores de puros pueden enfrentarse a sanciones

La cadena hotelera española Meliá y la multinacional francesa Pernod Ricard han sido las primeras en reaccionar: no temen a la ley Helms-Burton, que EE UU prevé reactivar permitiendo a sus tribunales aceptar las demandas de los dueños de propiedades confiscadas en Cuba. Estas dos empresas seguirán operando con normalidad y, según vaticinan abogados e inversores, esta será la reacción de la mayoría de las firmas extranjeras con negocios en la isla, aunque los expertos alertan de que no se han de subestimar los daños que provocará la ley.

El objetivo de Washington es aislar a Cuba y generar un clima de miedo e incertidumbre que desincentive futuras inversiones. La veda se abre el 2 de mayo, cuando los tribunales federales de Estados Unidos empiecen a recibir reclamaciones de ciudadanos estadounidenses y cubanoamericanos cuyas propiedades fueron nacionalizadas después de 1959. En La Habana se toma muy en serio la amenaza, que llega acompañada de medidas para restringir los viajes, el envío de remesas y el incremento de la presión sobre el sistema financiero internacional, en momentos en que la isla se prepara para enfrentar una nueva etapa de escasez.

El escenario que se avecina es inédito y preocupante. Nadie creyó que el polémico Título III de la ley, que permite los litigios y la imposición de sanciones a empresas que “trafiquen” con bienes expropiados, se aplicaría nunca, después del acuerdo alcanzado entre Washington y Bruselas en 1998 para mantenerlo en suspenso. Pero la Administración Trump así lo ha hecho, sin tener en cuenta las advertencias de la UE, que ya ha hecho saber que si sus empresas son perjudicadas actuará y estallará una guerra comercial de consecuencias inciertas.

“El término traficar es deliberadamente ambiguo y no afecta solo a las empresas con inversiones en propiedades confiscadas”, explica José María Viñals, abogado especialista en sanciones. “Pueden ser afectados todos aquellos que se beneficien o realicen operaciones comerciales que impliquen propiedades objeto de reclamación, no solo bienes inmuebles, tierras, edificios, hoteles, etc., sino también patentes y marcas, por lo que el espectro de posibles demandados es casi infinito”. Explica Viñals que, en el caso de los hoteles, por ejemplo, la ley Helms-Burton “no sólo afecta a grupos como Meliá, Iberostar o Accor —aunque la propiedad de los establecimientos sea cubana—, sino también a los turoperadores, agencias de viaje o los que venden a estos hoteles jabón, toallas o lámparas”

Impacto de la ley

Por si acaso, muchas empresas europeas ya han empezado a contratar abogados como Viñals y Bruselas advierte de que contratacará. “Obviamente, a quien más perjudica es a los que tienen propiedades, intereses o cuentas en Estados Unidos, que podrían ser embargadas. Pero afecta a todos”, señala Viñals, que hace un mes intervino en un seminario organizado por la Asociación de Empresarios Españoles en Cuba para explicar el alcance de la ley. Allí estaban representadas las principales cadenas hoteleras y bancos como el Sabadell, que cada vez encuentra más dificultades para operar en Cuba. “A los que ya están, se lo pone más difícil; a los que pensaban venir, han de evaluar ahora el riesgo adicional; y un deterioro de la de por si frágil economía cubana perjudica a todos”.

La UE es uno de los principales socios comerciales de Cuba, con unos 2.200 millones de dólares anuales de exportaciones —la mitad españolas—, y también es líder en inversiones. “Sin duda, el objetivo es generar confusión, miedo, disuadir”, opina el representante en Cuba de un fondo de inversiones europeo, señalando que, hoy por hoy, más difícil que encontrar dinero para invertir en Cuba es poder traerlo, pues por miedo a las multas y a las sanciones de Estados Unidos son pocos los bancos que quieren realizar estas transacciones.

“Además, y este es un escollo principal, está el marco legal cubano, que hace muy complejo, burocrático y engorroso el proceso de negociación de una inversión. Lo admiten las autoridades: el país necesita captar entre 2.000 y 2.500 millones de dólares anuales para reactivar la economía y no se llega ni a un tercio; y no es por falta de interés de los empresarios, sino por los mecanismos establecidos”. Considera que, ahora, ante la crisis que se avecina, “Cuba deberá flexibilizar su legislación para impulsar de verdad la inversión extranjera”, criterio que comparten la mayoría de los empresarios consultados.

Incertidumbre

“Lamentamos la incertidumbre e inseguridad jurídica creadas por el anuncio de levantamiento de la suspensión”, ha dicho la cadena hotelera Meliá en un comunicado. La empresa mallorquina, que administra 32 hoteles y más 14.000 habitaciones en la isla, expresó que Cuba es “un destino excepcional que debe seguir abierto al turismo internacional” y señaló que continuará “operando con plena normalidad”. La cadena explicó que no tiene en propiedad “bienes o participaciones de bienes que pudieran ser objeto de potencial reclamación”, y afirmó que, “de dirigirse alguna reclamación contra algún hotel, nuestro papel sería el de meros gestores hoteleros, con un rol equivalente al del resto de actores de la cadena de valor del negocio turístico: agentes de viajes, turoperadores, líneas aéreas, etcétera”.

De forma similar reaccionó la francesa Pernod Ricard, que comercializa anualmente 40 millones de botellas de ron Havana Club, y se espera que la empresa minera canadiense Sherritt y multinacionales como Nestlé o Unilever hagan lo propio.

El embajador de la Unión Europea en La Habana, Albero Navarro, señaló, que pese a la decisión de continuar de los principales grupos, “hay una enorme preocupación en el sector empresarial”.

“Hay empresarios que llevan más de 20 años trabajando en Cuba y que han apostado por invertir sus recursos para impulsar el comercio, el turismo, los intercambios, y comentan que nunca no han vivido una situación parecida”, añade Alberto Navarro. La locura es tal que hasta los distribuidores de puros cubanos en Turquía o Singapur pueden ser sancionados, en caso de que un juez federal de Estados Unidos dictamine que eso es “tráfico” porque ese tabaco fue cultivado en tierras expropiadas y el distribuidor está obteniendo un beneficio.

El embajador de la UE en La Habana ha sido tajante a la hora de criticar la aplicación de la Ley Helms-Burton y las nuevas sanciones de Washington, por atentar “no solo contra las empresas extranjeras, que tienen leyes antídoto y mecanismos para defenderse, sino sobre todo contra el pueblo cubano y el incipiente sector privado, para el que la restricción de los viajes y las remesas son fatales”.

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