El Gobierno de Portugal dimitirá si se aprueba la ley de los profesores

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Todo el parlamento, excepto el PS, votó a favor de recuperar la antigüedad salarial de los funcionarios, congelada durante nueve años

El primer ministro portugués, António Costa, ha anunciado la dimisión del Gobierno si el próximo día 15 el Parlamento aprueba devolver a los profesores los retrasos acumulados durante casi diez años de salarios congelados. Este acuerdo fue aprobado este jueves en la comisión de Educación por todos los grupos —incluidos los aliados del Gobierno—, excepto el socialista. Sus socios del PC y Los Verdes han calificado el ultimátum de «chantaje inadmisible».

En un discurso inédito en esta legislatura, Costa se ha dirigido al país después de haberse entrevistado con el presidente de la nación, Marcelo Rebelo de Sousa. «El Gobierno cumplió todos los compromisos que asumió con el pueblo portugués y con la mayoría parlamentaria que lo sustenta», comenzó Costa. «Revertimos todas las medidas que se habían impuesto a los portugueses», dijo, para recordar que 350.000 funcionarios ya ha visto descongeladas sus atrasos.

Costa se refirió a la «intransigencia sindical» que, pese a la buena intención del Gobierno, no se ha movido un ápice de su reivindicación, esto es recuperar los 9 años, 4 meses y 2 días de congelación salarial. Costa recordó que gracias a un decreto ley, los profesores recuperarán este año el 70% de ese periodo, «pese a lo cual la comisión de Educación aprobó el jueves la recuperación del tiempo completo», una decisión que es «socialmente injusta y económicamente insostenible». Según Costa, esa resolución supone un gasto extraordinario de 340 millones hasta 2020 y un gasto anual permanente de 200 millones, «lo que implicaría menos gasto público y más impuestos».

Para Costa la votación de la comisión de Educación compromete la gobernabilidad del país y «solo el electorado puede determinar» el futuro del Gobierno. Por ello, anunció que si el día 15 el pleno del Parlamento confirma la votación de la comisión este jueves, tendrá que presentar la dimisión del Gobierno y el presidente adelantar las elecciones, previstas inicialmente para el 6 de octubre.

El primer ministro había convocado en la mañana del viernes una reunión extraordinaria del núcleo duro de su Gobierno, después de que sus aliados del tripartito —Partido Comunista y Bloco de Esquerda— uniesen fuerzas con la oposición de centroderecha para poner fin a la congelación del salario de los profesores. Los comunistas hablan de «cálculo» electoral de Costa y la derecha del CDS le pide que presente una moción de confianza. El desencadenante fue una derrota parlamentaria absoluta, con sus socios y la oposición votando contra el Gobierno.

En la noche del jueves, todos los grupos de la comisión de Educación del Parlamento habían votado contra el Gobierno socialista. Por primera vez en la legislatura, sus socios del Bloco, PC y Verdes y la oposición de centroderecha (CD y PSD) se unieron para votar a favor de corregir el decreto del Gobierno que permite a los profesores recuperar dos años de los casi diez ejercicios que los docentes tuvieron congelados sus salarios. Todos los grupos, excepto el socialista, aprobaron la actualización del periodo total congelado: 9 años, 4 meses y 2 días.

«Fue un espectáculo de enorme irresponsabilidad presupuestaria», ha declarado el ministro de Exteriores, Augusto Santos Silva. «El Gobierno no puede cumplir su responsabilidad presupuestaria sobre la base de decisiones que cuestionan el presupuesto del Estado». Santos Silva es uno de los cinco ministros —junto a los de Finanzas, Trabajo, Infraestructuras y Presidencia— que forman el núcleo duro del Gobierno. A la reunión extraordinaria se había sumado el ministro de Educación, Tiago Brandão.

Para la líder del CDS, Assunção Cristas, la reunión extraordinaria del Gobierno fue una «fantochada». «Si siente que perdió el apoyo de los suyos, que presente una moción de confianza; si quiere elecciones, asúmalo, pero que no busque disculpas». Para el PC, todo fue «cálculo» electoral. Todos los grupos han acusado al Gobierno de una dramatización con fines electorales. «Ha creado un ambiente artificial de crisis política», ha señalado la líder del Bloco, Catarina Martins. «Un golpe de teatro», considera por su parte el líder del PSD Rui Rio. «El Gobierno está jugando con cosas serias porque lo aprobado no aumenta el presupuesto para este año».

De hecho, las reuniones del núcleo duro de Costa son habituales y nunca se publicitan. El mismo gabinete del primer ministro ha publicado en la red social Instagram varias fotos de la reunión.

La crítica del ministro Santos Silva va dirigida, sobre todo, a sus socios parlamentarios de la izquierda, bloquistas y comunistas, que ahora exigen lo que no reclamaron en otoño durante las negociaciones del presupuesto. Entonces, solo le pidieron al Gobierno que negociara con los sindicatos de docentes. Seis meses después, y cuatro antes de las elecciones legislativas del 6 de cotubre, le exige que pague la actualización de los salarios, algo que Mário Centeno, ministro de Finanzas —y presidente del Eurogrupo—, no está dispuesto a permitir.

La resolución de la comisión parlamentaria podría costar al Estado 800 millones de euros, porque esos atrasos deberían extenderse a otros empleados de la Administración pública. De esa cifra, 635 millones serían para los profesores, es decir, un aumento presupuestario anual de 240 millones de euros para el colectivo. Después les correspondería a empleados de juzgados, militares y policías.

En ello ha abundado Arménio Carlos, secretario general de la CGTP, primera central sindical del país. «Ya no es justificación que no haya dinero. El mismo Gobierno que dice no tener dinero acaba de dar mil millones a un banco privado, el Novo Banco», ha dicho, en referencia al rescate de 1.150 millones de euros este año, ampliables en mil más en los dos próximos, de la citada entidad bancaria. Los sindicatos UGT y de la Magistratura también han reivindicado la aplicación de lo aprobado en el Parlamento al resto de empleados de la Administración.

La actualización de la antigüedad laboral de los funcionarios es una vieja reivindicación que data de la llegada al poder del partido socialista, a finales de 2015. En estos cuatro años ha subido el salario mínimo un 20%, ha descongelado las pensiones y rebajado la semana laboral de 40 a 35 horas, lo que la izquierda ha llamado “recuperación de derechos”. Pero no ha sido por igual para todos los funcionarios de la Administración, pues quedaron excluidas las llamadas “carreras especiales”: educación, justicia, seguridad y defensa, donde solo parte del tiempo congelado cuenta para la progresión en sus categorías profesionales y, consecuentemente, en las escalas salariales.

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