La ONU ve indicios de crímenes de guerra de Israel en la muerte de manifestantes palestinos en Gaza

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Una investigación independiente observa violaciones de la ley humanitaria y delitos contra la humanidad

Corresponsal en Oriente Próximo

“Las fuerzas de seguridad mataron y causaron mutilaciones de manifestantes palestinos, que no representaban una amenaza inminente de muerte o de lesiones para terceros, cuando fueron tiroteados, y que tampoco participaban en acciones hostiles”, puntualiza el informe de la comisión independiente creada en mayo del año pasado y encabezada por el jurista argentino Santiago Canton, exsecretario de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y formada también por la letrada bangladesí Sara Hossain y la abogada keniana Kaari Betty Murungi.

La Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la expresidenta chilena Michelle Bachelet, puede presentar ahora el informe de los expertos ante la Corte Penal Internacional, que en 2015 ya abrió una investigación preliminar sobre acusaciones presentadas por Israel por violaciones de los derechos humanos. Los integrantes de la comisión han examinado entrevistas efectuadas a víctimas y testigos, así como expedientes médicos, fotografías y vídeos. Algunas de las imágenes fueron tomadas con drones.

Los indicios de crímenes de guerra y contra la humanidad “deben ser inmediatamente investigados por Israel”, advirtió Santiago Canton, citado por Reuters. Entre los manifestantes palestinos abatidos por los francotiradores del Ejército israelí en las marchas de los viernes de 2018 figuran 35 menores, así como dos periodistas y tres sanitarios que estaban claramente identificados. Los investigadores consideran que las manifestaciones en la frontera de Gaza con Israel “eran de naturaleza civil y tenían objetivos políticos”. “A pesar de algunas acciones violentas», subrayan, «las marchas no constituían combates ni campañas militares”.

En un comunicado difundido por el Ministerio israelí de Exteriores, el titular en funciones de la cartera, Israel Katz, ha calificado de “mentirosa y parcial» la investigación presentada ante la ONU. “En un nuevo teatro del absurdo, el Consejo de Derechos Humanos ha generado otro informe hostil contra el Estado de Israel (…) cuyo objetivo es desacreditar a la única democracia de Oriente Próximo”. El actual jefe de la diplomacia israelí reivindica además el derecho de su país a defender sus fronteras y a proteger a sus ciudadanos. Israel responsabiliza al movimiento islamista Hamás, que gobierna de facto en Gaza desde 2007, de haber organizado las protestas en la frontera.

Prisión a cielo abierto

Gaza se ha convertido en la última década en una insalubre prisión a cielo abierto de 365 kilómetros cuadrados habitados por dos millones de personas. La Franja es un territorio bloqueado por todas partes por Israel, menos por el sur, donde Egipto apenas abre la frontera de Rafah varios días al año. El suministro eléctrico medio ronda entre seis y cuatro horas al día. El 90% de los acuíferos están contaminados y las cloacas vierten directamente al mar por falta de energía en las estaciones depuradoras.

Más de 160.000 viviendas resultaron dañadas en el verano de 2014, durante la tercera guerra que enfrentó a las milicias palestinas con Israel. Periódicamente, varios hospitales deben suspender sus servicios por falta de medicamentos y de combustible para los generadores que proporcionan energía a los equipos médicos.

Estados Unidos y la UE incluyen a Hamás en sus listas de grupos terroristas. El Gobierno de la Autoridad Palestina ha roto las relaciones con Hamás y ha recortado en gran medida las aportaciones económicas para los servicios públicos en la Franja, donde cerca del 80% de la población recibe ayuda internacional para sobrevivir. La ONU prevé que el año que viene pueden colapsarse los servicios básicos. Gaza corre el riesgo de convertirse entonces en un enclave prácticamente inhabitable.

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