La SGAE denuncia un fraude fiscal múltiple que afectaría “a socios de la entidad”

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Un informe de 2017 encargado por la dirección de la entidad apunta a un entramado de sociedades pantalla para evitar al fisco

La Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) ha denunciado un fraude fiscal múltiple “que puede afectar a personas jurídicas que son socias de la entidad”. “La decisión de poner los hechos en conocimiento de las autoridades competentes se produce después de haber constatado que dicha actuación puede ser contraria a Derecho de la propia normativa de la SGAE”, explica en un comunicado la entidad de derechos de autor, pendiente de la intervención del Ministerio de Cultura por no haber aprobado la reforma estatutaria hace tres semanas.

Desde la SGAE aseguran que en 2017, bajo la presidencia de José Miguel Fernández Sastrón, los servicios jurídicos de la casa realizaron un informe fiscal de varios años -prefieren no precisar cuántos- en el que se descubre un entramado de sociedades pantalla -controladas por editoriales miltinacionales, entre ellas Warner- para evitar el pago de impuestos devengados por los derechos de autor recaudados.

Ingeniería del fraude

“Nos hemos encontrado con un informe en el que se descubren unas facturaciones a Hacienda, que se ha ocultado en el pasado. Teniendo conocimiento de algo ilegal no tenemos más remedio que acudir a denunciar los hechos. Pero en esa denuncia no se menciona a ningún socio de la casa, ni a editorial alguna”, aseguran las fuentes de la junta directiva consultadas por este periódico, tras la información publicada por El Mundo, en la que se señala a artistas defraudadores como Alejandro Sanz, Joaquín Sabina y Pau Donés, que podrían haber incurrido en un delito de 70 millones de euros.

“No sabemos si los autores son víctimas o cómplices”, explican desde la junta directiva de la SGAE, que confirman que la denuncia presentada ante la Fiscalía de Delitos Económicos de Madrid es contra varias sociedades mercantiles por haber “creado un entramado de sociedades pantalla [cesionarias] con las que las editoriales cobran los derechos de esos autores y se los reparten, con sociedades cuyo NIF ni siquiera existía y que han logrado opacar la trazabilidad del dinero a los ojos de Hacienda”. Desde la junta directiva de la SGAE aseguran que en la denuncia no se dan nombres, sino que han empleado códigos internos para referirse a las sociedades acusadas. De hecho, la entidad ha publicado un comunicado donde afirma que su denuncia es contra sociedades que «afecta a personas jurídicas que son socias».

Fuentes jurídicas confirman a EL PAÍS que ayer jueves la fiscalía económicos de Madrid recibió una denuncia donde se cita explicitamente a Joaquín Sabina y dos sociedades mercantiles presuntamente empleadas por el músico, Warner El pan de mis niñas y Warner Sabina Relatores. Varios miembros de la junta cuestionan la decisión del Consejo de Dirección que ha decidido denunciar los hechos. Recuerdan a este periódico que hay mecanismos para solucionar los problemas internos. De hecho, aseguran que Hacienda realizó varias inspecciones en los últimos años a la SGAE y a algunos de los socios con mayores recaudaciones.

Una vieja práctica

Reconocen desde la cúpula de la SGAE que la fórmula de “cesionarias” era un “runrún” que corría desde hace años, pero “sin confirmar”. También aseguran que no tienen una estimación de la cifra defraudada y en la denuncia no se ha denunciado ninguna cantidad, pero les parece “muy aventurado” la cantidad de 70 millones de euros, ”porque nadie puede ocultar tanto dinero a Hacienda”.

Sin embargo, un ex alto cargo de la entidad asegura que las prácticas denunciadas fueron habituales durante años, con el consenso de artistas, discográficas y la propia SGAE, y duda de que constituyan un posible delito. «Se utilizaba para devolver los préstamos y anticipos que las discográficas entregaban a sus autores, directamente o a través de sus editoriales».

Continúa su explicación y apunta que cada socio de SGAE es identificado con un número, asociado a su cuenta y sus informaciones. En estos casos se creaba un segundo número, ligado al original del artista, pero con otra cuenta en la que el autor -a medida que tenía ingresos por derechos de autor- devolvía a la discográfica el préstamo recibido.

«Unos niñatos»

La denuncia llega en un momento en el que las multinacionales tienen una guerra abierta con la entidad, tras haber sido expulsados de la junta directiva por ser titulares y clientes al tiempo. Con la reforma Ley de Propiedad Intelectual (LPI) de próxima aprobación en el Congreso de los Diputados parece difícil ver la vuelta de las multinacionales a la sede. Desde la junta directiva se preguntan por qué el expresidente Sastrón no denunció hace años cuando recibió el informe.

“Hevia y su junta son unos niñatos”, asegura a EL PAÍS Berry Navarro, manager de Joaquín Sabina. “¿Qué hacen? Llevo 50 años en este deporte de la música y resulta que ahora son tan rastreros de atacar con estas bombas de humo. No tienen nada. ¿Dónde está la denuncia? Nosotros no tenemos ninguna denuncia”, añade. “Esto lo hacen porque saben que el Ministerio de Cultura va a intervenir la SGAE. Forma parte de la guerra de la junta contra las editoriales”, explica el representante de Joaquín Sabina. Para Navarro este ataque contra Sabina o Sanz responde a “un ataque contra Warner”.

EL PAÍS se ha puesto en contacto con la oficina de management de Alejandro Sanz pero no han querido hacer declaraciones. Por su parte, el representante de Sabina ha añadido al respecto: “¿Qué eso de que la SGAE denuncie a sus socios, a unos socios tan destacados como Sabina o Alejandro Sanz, a través de los abogados de Atresmedia? Denuncian a través de las editoriales de las televisiones. Están locos. No tiene ni pies ni cabeza”.

Tanto Joaquín Sabina como Alejandro Sanz firmaron el manifiesto que presentaron al Ministerio de Cultura para que les amparase al declararse “víctimas de fraude” por la SGAE, la entidad que debería velar por sus intereses y ahora les denuncia. Tal y como adelantó EL PAÍS, junto a ellos, más de 200 músicos como Pau Donés y Rosario, también denunciados por la SGAE, pero también Pablo Alborán, Juanes, Amaral, Rosendo, Dani Martín, Santiago Auserón, Kiko Veneno o Malú, entre otros, apoyaron el manifiesto.

El músico Pau Donés, señalado por El Mundo como uno de los defraudadores, ha lanzado un comunicado en el que asegura que “la junta directiva de SGAE vuelve a meter la pata, y esta vez atacando a sus propios socios”. El músico no niega en su comunicado la acusación del periódico -a pesar de que según la junta directiva de la SGAE su nombre no aparece en la denuncia- ni desmiente la acusación.

Lo más llamamtivo de las palabras de Donés es el reconocimiento de un entramado conocido y consentido por la entidad. «Es un sistema de gestión y cobro de derechos de autor instrumentado y consensuado por la propia SGAE, editoriales y artistas, en total conformidad con los reglamentos que regían y rigen la entidad y en ningún caso fuera de la más absoluta legalidad fiscal”, añade. Acusa a la “gran mayoría” de los socios de la SGAE de hacerlo. Piensa que es una estrategia de José Ángel Hevia, presidente de la entidad, para “desviar la atención de otros asuntos internos de SGAE”.

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