Los problemas legales de Trump van más allá del embrollo ruso

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El presidente de Estados Unidos y su círculo más estrecho se enfrenta a varias investigaciones federales y estatales que representan un peligro latente

Donald Trump disfrutaba el sábado jugando al golf con el cantante Kid Rock en Palm Beach (Florida) aparentado normalidad mientras el jefe del Departamento de Justicia, William Barr, desgranaba el informe de la investigación sobre la injerencia rusa. Pero que el fiscal especial Robert Mueller no haya recomendado imputar a más personas, no supone el fin de los problemas legales para el presidente y su órbita. Hay a una multitud frentes que van más lejos de la colusión, centrados en su manera de hacer negocios, sus artimañas financieras y su conducta.

Hay varias investigaciones federales y estatales en curso que llevarán meses resolverse. Las más relevantes se concentran en Nueva York. Los fiscales federales del Distrito Sur en Manhattan siguen dos vías de acción y no durarán dos veces en actuar si las pruebas lo justifican. La más sonada se deriva del escándalo que llevó a quien fuera su abogado Michael Cohen a declararse culpable por violar las reglas de financiación de la campaña.

Cohen ayudó a orquestar los pagos por el silencio de la actriz porno Stormy Daniels y la modelo Karen McDougal. Asegura que Trump le ordenó realizar los desembolsos a las dos mujeres poco antes de las elecciones, para que así no revelaran que tuvieron una relación sentimental con el entonces candidato. Nadie más fue imputado hasta ahora a parte del exabogado, que se espera ingrese en prisión en mayo. El empresario, por su parte, niega la mayor.

Pero en su reciente testimonio el mes pasado ante el Congreso, el «solucionador» dijo saber de otros casos de mala conducta de su antiguo jefe. No entró en detalles porque explicó que la investigación seguía en curso, haciendo mención a un contacto que tuvo con el entorno del presidente poco después del registro del FBI hace un año a su residencia y oficina.

En todo caso, es difícil saber en este momento que recorrido tiene este frente legal en concreto. Horas antes de que se anunciara la conclusión de los dos años de investigación liderada por Robert Mueller, trascendía la noticia de que Robert Khuzami, el fiscal que lideró la causa, deja su puesto. Eso podría ser una indicación de un cambio de curso o que se desmonta.

Toma de posesión

La otra vía penal en Nueva York se refiere al comité creado para financiar la ceremonia de inauguración de su presidencia en 2017. Se recaudaron 107 millones de dólares. Se trata de determinar si se violaron las leyes recaudando dinero de individuos o entidades extranjeras. Al mismo tiempo, busca esclarecer si los donantes recibieron algún favor por sus contribuciones.

La Casa Blanca insiste en que Donald Trump no participó en las operaciones para celebrar de su elección y cuestionan a su vez la credibilidad de Michael Cohen como cooperante. El presidente, además, es inmune a cualquier acción penal. Si los fiscales se hacen con evidencias que prueben el delito, tendrían que esperar a que abandone sus funciones. El límite legal es de cinco años. No está claro si de ser reelegido en 2020 podría suspenderse por la duración de su presidencia.

Trapicheos financieros

Por la vía civil, la nueva fiscal general del Estado de Nueva York, Letitia James, acaba de iniciar una investigación aprovechando las afirmaciones que hizo Michael Cohen en el Conngreso explicando que Donald Trump exageró su fortuna para conseguir préstamos de Deutsche Bank para financiar cuatro grandes proyectos inmobiliarios. El exabogado citó también la puja fallida por el equipo de fútbol americano los Bills de Buffalo.

El regulador financiero de Nueva York trata, en paralelo, de determinar si la empresa de Trump dio información falsa a las compañías de seguros sobre el valor de sus propiedades, en concreto un campo de golf en los suburbios de Nueva York. Así, como contó su antiguo abogado, buscaba pagar menos por las pólizas. Cohen dijo que está en contacto constante con los fiscales que participan en todas estas investigaciones.

Familia

James heredó al asumir la fiscalía neoyorquina la demanda contra Trump y su familia por utilizar su fundación como una extensión de sus negocios y en la campaña. Se pactó que la organización benéfica sea desmantelada. También ordenó una investigación sobre las artimañas fiscales que siguió la familia Trump durante los años 1990. En este caso se podría resolver con una multa.

Siempre en Nueva York, se presentaron cargos contra la abogada rusa que en junio de 2016 se reunió con Donald Trump Jr, el primogénito del presidente, y responsables de la campaña para ofrecer información que podría perjudicar para los demócratas y su rival Hillary Clinton. Natalia Veselnitskaya fue imputada por obstrucción en otro caso no relacionado con la trama rusa, pero que reveló lo próxima que estaba al Kremlin.

Desinformación

En Washington, se imputó el consultor político republicano y amigo del presidente Roger Stone. Es acusado de obstrucción, manipulación de testigos y falso testimonio al Congreso en conexión con el trabajo que hizo de intermediario entre la campaña Trump y WikiLeaks. El caso, que tiene origen en la investigación de Robert Mueller, puede ir a juicio a final de año. Stone se declaró no culpable.

Sin abandonar el entramado para interferir en la elecciones a favor de Trump y relacionado con WikiLeaks, se investiga al fundador del portal por distribuir material robado por la inteligencia rusa. Hay documentos en los tribunales sobre otro caso que sugieren que el Departamento de Justicia podría estar preparando cargos contra Julian Assange. Pero no está claro.

También en el Distrito de Columbia está el caso de Concord Management and Consulting, una compañía rusa vinculada con actividades de desinformación a través de redes sociales en las elecciones. Los documentos revelan contactos con asociados a la campaña Trump. Y en un caso paralelo, se declaró culpable de conspiración la rusa Maria Butina, que trató de infiltrarse en organizaciones conservadoras.

Asociados

En el distrito Este de Virginia, se imputó a dos antiguos socios del exasesor de seguridad nacional Michael Flynn por actuar como agentes del gobierno turco. El teniente general, que asesoró a la campaña sobre cuestiones de política internacional, se declaró culpable por engañar a los investigadores y cooperando intensamente. Espera que se dicte sentencia.

Otros casos importantes los protagonizan Rick Gates y Konstantin Kilimnik, dos socios de Paul Manafort. Quien fuera jefe de campaña de Donald Trump acaba de ser condenado en Virginia por fraude. La oficina del fiscal en Manhattan explora a su vez presentar cargos contra Manafort por delitos financieros y los fiscales federales investigan si coordinó con el grupo de acción política Rebuildin America Now donanciones de personas vinculadas a países de Oriente Medio.

Todos estos frentes pueden plantear una amenaza mayor incluso que la investigación de la trama rusa a cualquier persona en el círculo del presidente. Trump rechaza sistemáticamente las acusaciones contra su persona, asociados y negocios diciendo que están motivadas políticamente. A comienzos de meses decía que se trataba de un “acoso a la presidencia”.

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