«Tienen razón», admite el presidente francés en un mensaje en la plataforma donde se inició la protesta
Emmanuel Macron se esfuerza por superar el peor capítulo de su presidencia. La menor asistencia a las manifestaciones de los chalecos amarillos y las concesiones del presidente francés han tenido un efecto y la tensión se ha rebajado, pero el malestar no desaparece. En un gesto insólito de humildad, Macron se ha dirigido a los activistas en la plataforma de internet donde se inició el movimiento: “He escuchado el mensaje. Les respondo directamente: tienen razón”.
La dificultad, para el Gobierno francés, reside en resolver una crisis que nadie está seguro de que realmente haya concluido ni adónde conducirá. Una hipótesis es que, si efectivamente las protestas se desinflan y todo vuelve a la normalidad, el juego partidista e institucional canalizará el descontento y, tras las rectificaciones en la política gubernamental, Macron podrá proseguir con su programa reformista. Más fuerte y curtido, más sabio quizá tras sufrir el mayor contratiempo de su breve carrera política. La otra hipótesis: nada será igual tras una explosión social distinta de todas las anteriores —un movimiento sin líderes ni programa, minoritaria en número pero con amplias simpatías populares—, y que traduce un malestar que viene de lejos y es imposible arreglar con cuatro parches legislativos.
Los chalecos amarillos, el movimiento que en noviembre surgió en la Francia de provincias para pedir la rebaja del precio al carburante, quieren protestar el 22 de diciembre por sexto sábado consecutivo. Una de sus figuras más mediáticas, el camionero Éric Drouet, ha llamado a hacerlo ante el Palacio de Versalles, símbolo de la monarquía derrocada por la revolución hace más de dos siglos. Versalles cerrará sus puertas de forma preventiva. Pero no se prevén concentraciones masivas. El sábado pasado acudieron menos de 4.000 en París y 66.000 en todo Francia, la mitad que el anterior.
La asistencia no ha dejado de bajar. Las fuerzas del orden han empezado a desmantelar rotondas en periferias urbanas y peajes en autopistas ocupados por las activistas ataviados con la prenda fluorescente que es obligatorio llevar en los automóviles. Pero el declive de los chalecos amarillos no equivale a una desmovilización total. Esta semana quemaron unas oficinas de la concesionaria Vinci junto a un peaje en el sur de Francia y la cifra de muertos en accidentes relacionados con la protesta se ha elevado a nueve. En cualquier momento la revuelta puede volver a emerger, o puede ser otro sector social el que busque concesiones con demostraciones de fuerza en la calle.
La Asamblea Nacional, donde el partido de Macron, La República en marcha (LREM), es hegemónico, adoptó en la noche del jueves al viernes buena parte de las medidas destinadas a realzar el poder adquisitivo de los trabajadores y jubilados con ingresos más bajos. El Senado, de mayoría conservadora, debía ratificarlas el viernes. El Gobierno respondió a las manifestaciones, algunas marcadas por la violencia, con una anulación del aumento de la tasa al carburante. También decidió complementar los ingresos de los receptores del salario mínimo con 100 euros procedentes del presupuesto público. En paralelo, ha aprobado una prima de 300 euros para 110.000 policías y gendarmes movilizados desde que el 17 de noviembre empezaron los bloqueos.
El coste económico, para las arcas estatales, se eleva a unos 10.000 millones de euros. El déficit presupuestario superará en 2019 el límite europeo del 3%, según las previsiones. La crisis puede costar un 0,1% de crecimiento del producto interior bruto en el cuarto trimestre de 2018, según cálculos del Insee (Instituto nacional de estadística y estudios económicos). Es un impacto inferior al del otoño caliente de 1995, como recordaba Le Monde, que añadía que ahora los más afectados son los sectores del comercio y el consumo. La crisis de los chalecos amarillos se ha sumado a una coyuntura económica mediocre que ya había forzado a rebajar las perspectivas de crecimiento. La esperanza del Gobierno es que las ayudas aprobadas para los salarios bajos estimulen el consumo.
Los chalecos amarillos están forzando, no sólo una rectificación en las políticas del Gobierno, sino también en el estilo. Afloran tensiones entre Macron y su primer ministro, Édouard Philippe, y también dentro de la mayoría parlamentaria, que hasta hace unas semanas aparecía como un bloque pétreo y disciplinado. También entre los diputados y los hombres del presidente: sus ministros y colaboradores. Y entre estos y la llamada tecnoestructura, los altos funcionarios adeptos al rigor presupuestario y reacios a los virajes políticos bajo presión de la calle como el que acaba de hacer Macron.
Macron ha puesto en marcha un proceso para organizar, entre enero y marzo, debates abiertos a los ciudadanos por todo el país. El presidente quiere reconectar con una ciudadanía que le percibe como un líder distante y arrogante. Así se explica la decisión de escribir el jueves un mensaje a los firmantes de la petición que el pasado mayo lanzó la ciudadana Priscillia Ludosky en la plataforma change.org. La petición en favor de una bajada del precio del carburante, que suma más de un millón de firmas, fue uno de los detonantes de la movilización. “Al interpelarme con esta petición usted han hecho una acto ciudadano. Este diálogo, si están de acuerdo, deseo proseguirlo”, promete el presidente en un tono inimaginable hace un mes, cuando se negaba a cualquier concesión.
