Miles de húngaros vuelven a la calle para protestar contra la ley de horas extra de Orbán

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Los manifestantes piden la derogación de la norma que alargará la jornada laboral del trabajador y expresan también su rechazo hacia las políticas autoritarias del Gobierno

“Hace un mes esto era algo impensable”, afirma András Biró-Nagy. El politólogo húngaro se refiere a la oleada de protestas que se suceden en su país desde que el pasado 12 de diciembre el Gobierno de Viktor Orbán aprobara la conocida como ley de esclavitud. Una norma que permite a todas las empresas elevar de 250 a 450 las horas extra anuales por trabajador y que da un plazo máximo de hasta tres años para abonar el pago de esas horas al empleado. Este sábado miles de ciudadanos han vuelto a salir a la calles de Budapest desafiando el frío y la nieve para manifestarse contra la polémica reforma del Ejecutivo. Ayer lo hicieron en la ciudad sureña de Pécs. Desde que empezó 2019 ya se ha contabilizado una quincena de protestas por todo el país. El enfado de los trabajadores va en aumento. 

Las marchas contra Orbán están siendo lideradas sobre todo por los jóvenes, desde universitarios, recién licenciados hasta empleados de las fábricas. Esta indignación ha conseguido algo que, efectivamente, parecía impensable en el país centroeuropeo: unir a los diferentes partidos de la oposición, que llevan fragmentados y que han sido incapaces de ofrecer una alternativa a la ultraderecha de Orbán desde que el líder de Fidesz se hiciera con el poder en 2010.

“Es un hecho insólito: ahora están sentados en la misma mesa los partidos socialdemócratas, los verdes, liberales, y hasta el ultraderechista Jobbik”, dice Biró Nagy, codirector del think tank Policy Solutions. Todos piden la derogación de esta ley, pero también han elaborado un manifiesto de cinco puntos en el que también exigen al Gobierno la independencia del sistema judicial, el fin de la propaganda mediática estatal y la libertad de prensa, que Hungría sea miembro de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude y que mejoren las condiciones laborales del cuerpo policial.

“Tenemos que seguir manteniendo la presión. Es momento de dejar nuestros intereses partidistas a un lado y recuperar el Estado de Derecho en Hungría”, sostiene Bernadett Szél, expresidenta del partido ecologista LMP. El pasado 17 de diciembre, esta diputada independiente fue forzada a abandonar la redacción de la televisión pública húngara después de haber pasado la noche allí junto a otros políticos para exigir leer en directo el manifiesto de cinco puntos. El vídeo que muestra la expulsión de estos diputados del edificio público se viralizó en poco tiempo.

En una de sus habituales entrevistas en la radio estatal, Orbán descalificó estas protestas y la actitud de la oposición como “gritos histéricos”. “Es pronto para saber el impacto de estas manifestaciones. Pero lo que está claro es que el Gobierno no se lo esperaba. Están confundidos, lo que supone un pequeño logro para los opositores”, asegura Péter Krekó, director del think tank húngaro Political Capital. El Ejecutivo, por su parte, emitió un comunicado en el que critica que la oposición sólo está interesada en la “pelea política del momento” y que las “violentas protestas callejeras” están financiadas por el magnate y filántropo George Soros, archienemigo de Orbán. Hasta ahora, las manifestaciones han sido mayormente pacíficas, aunque sí que se han dado algunos enfrentamientos con la policía, que ha llegado a utilizar gases lacrimógenos. 

Viktor Orbán, líder y fundador de Fidesz, lleva años diseñando un proyecto de país de corte económico liberal, autoritario, con un debilitado sistema judicial, en el que predominan las políticas ultraconservadoras y donde la libertad de expresión ha quedado bastante mermada con el auge de los medios gubernamentales y el cierre de las principales cabeceras independientes. Por otro lado, las duras medidas contra los refugiados han deteriorado aún más las relaciones con la UE. Pero hasta ahora, Orbán cuenta con el apoyo de gran parte de la población: en abril de 2018, Fidesz logró la mayoría absoluta en las elecciones generales.

“Hasta ahora la gente no se veía afectada directamente por los cambios del Gobierno, aunque eran de carácter constitucional y han socavado nuestra democracia. Pero la ley de la esclavitud les toca de verdad, les obliga a trabajar más horas. Ha sido la gota que ha colmado el vaso”, subraya el analista Krekó.

La ley de horas extra ha sido una medida para intentar contentar a los empresarios, sobre todo a las multinacionales extranjeras radicadas en Hungría, que llevaban tiempo quejándose por la falta de personal en un país que, según el FMI, tiene previsto un crecimiento del PIB del 3% para este año. El 5% de la población húngara en edad de trabajar lo hace fuera de sus fronteras, en otro país de la UE. Desde 2010, entre 350.000 y 500.000 personas han abandonado Hungría. La mayoría son jóvenes y buscan oportunidades laborales con un mejor salario que los casi 600 euros netos de media que les pagan en Hungría. “Si los inmigrantes no pueden venir al país y hay demanda de trabajo, ¿quién trabaja?”, se pregunta irónicamente Krekó.

“Los jóvenes sienten que no tienen futuro aquí, muchos están cansados de esta atmósfera política y conservadora”, explica el politólogo Biró-Nagy, codirector del think tank Policy Solutions. El partido político que concentra esa indignación juvenil es Momentum, una formación que no logró en el parlamento en las últimas elecciones. Su vicepresidenta, Anna Donáth, de 31 años, anunció hace unas semanas que “2019 será el año de la resistencia”. 2019 también será un año electoral en Hungría: en primavera se celebrarán las elecciones al parlamento europeo, y en otoño el país votará en los comicios locales. “Estoy convencido de que esta movilización ciudadana puede llegar a influir en los resultados”, asegura Bálazs Bárány, del partido socialista húngaro MSZP. 

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