Nuevo golpe al Brexit de May: el abogado general resta valor a las concesiones arrancadas a la UE

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Geoffrey Cox insiste en que Bruselas tendrá la última palabra sobre la salvaguarda irlandesa

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Theresa May sabía a lo que se exponía cuando puso en manos del abogado general del Reino Unido, Geoffrey Cox, la recta final de las negociaciones con Bruselas. El brillante letrado ha demostrado lealtad a la primera ministra, pero sobre todo a preservar su propia reputación. «Los riesgos legales permanecen inalterados (….) Si las circunstancias fundamentales siguen siendo las mismas, no existen mecanismos internacionales para que el Reino Unido pueda abandonar el protocolo [del backstop, la llamada salvaguarda irlandesa], a no ser por acuerdo con la otra parte», ha establecido Cox en su informe legal sobre las concesiones arrancadas en la madrugada pasada a Bruselas. Un jarro de agua fría a May en las horas previas a la nueva votación crucial sobre el Brexit en el Parlamento británico.

May negoció en los últimos días una mayor flexibilidad de la UE en torno al backstop. Es el mecanismo de garantía impuesto por Bruselas, por el que Reino Unido pemanecerá al menos durante dos años, en el periodo de transición hasta diciembre de 2021, en la unión aduanera.

Era el modo de evitar a toda costa que se levantara una nueva frontera entre la República de Irlanda e Irlanda del Norte (territorio británico) que pusiera en peligro la paz alcanzada en el Acuerdo de Viernes Santo. Y en el caso de no ser capaces de acordar una relación futura de los dos bloques durante ese tiempo, la región norirlandesa continuaría dentro del espacio aduanero y del Mercado Interior, establecía el acuerdo con la UE. El backstop irritaba a los socios norirlandes del DUP, que sostienen la mayoría parlamentaria de May, y a los conservadores euroescépticos. La primera ministra tenía el mandato de cambiar ese mecanismo si quería que Westminster diera luz verde a su plan del Brexit.

May compareció el lunes a última hora de la noche junto al presidente de la Comisión Europea, Jean Claude Juncker, para anunciar que había logrado nuevas concesiones legales en torno a este asunto. Confiaba en convencer a los diputados británicos, que deben votar su plan este mismo martes por la tarde. Anunció un «instrumento conjunto» de arbitraje para acordar la retirada del backstop si las negociaciones se encallaban, e incluso una «declaración unilateral» del Reino Unido con el mismo propósito. Las declaraciones unilaterales pueden tener fuerza legal en el derecho internacional si la otra parte las reconoce.

Un informe demoledor

El informe de Cox, lleno de matices, es demoledor en su conclusión. A pesar de que elogia los avances logrados y los considera pasos en la buena dirección, advierte de que aún no son suficientes. Porque la clave, explica, para que estos mecanismos tengan validez en una hipótesis futura de desacuerdo radica en que el Reino Unido pueda demostrar la «falta de buena fe y de notable empeño» de la Unión Europea como causa fundamental del estancamiento de las conversaciones.

«…Con la dificultad para demostrar la naturaleza ofensiva de una conducta, que sería exigida para poder establecer una infracción de la UE de sus propias obligaciones, es altamente improbable que el Reino Unido pueda aprovecharse de la ventaja de estos mecanismos», establece el abogado general en su informe legal.

Cox llega a la conclusión que cualquier espectador informado de todo este proceso intuiría desde hace algún tiempo. La decisión última de acabar con el backstop será una decisión fundamentalmente «política», aunque insiste en que «ambas partes tiene incentivos mutuos» para que el backstop no sea eterno.

Cox ha dado a May un regalo envenenado y una bala extra a sus adversarios euroescépticos. Elogia los esfuerzos de la primera ministra, valora los avances alcanzados y los defiende como suficientes. Pero su prurito legal le lleva a escribir, negro sobre blanco, que no se ha logrado realmente lo que exigía el ala dura conservadora: poner completamente en manos de Reino Unido la decisión de abandonar el backstop. Horas antes de la votación en Westminster, Cox ha debilitado, casi de un modo mortal, los argumentos de la primera ministra y ha abierto el camino a la siguiente fase, que el Parlamento ordene al Gobierno la solicitud de una prórroga de la fecha de salida, una vez que el plan de May, con toda probabilidad, sea de nuevo derrotado.

El principal grupo de diputados conservadores euroescépticos, el llamada Grupo de Investigaciones Europeas (ERG) que lidera el ultracatólico Jacob Rees-Mogg, ha puesto a trabajar de inmediato a sus ocho expertos legales en el texto de Cox. Se les conoce como la Star Chamber (la Cámara Estelada), en referencia al tribunal que los viejos monarcas británicos tenían bajo su mando para juzgar, sobre todo, los casos de traición o rebelión, y en el que las pruebas obtenidas bajo tortura eran moneda de cambio. El dictamen de este grupo, nada más terminar de analizar el informe, ha sido recomendar a los diputados euroconservadores que voten esta tarde en contra del plan de May. Ha sido el golpe definitivo contra la primera ministra.

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