Una alianza más fuerte entre jueces y militares

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El nuevo Gobierno brasileño comienza a funcionar con 7 de 22 ministros formados en las Fuerzas Armadas

La llegada de Jair Bolsonaro a la presidencia de Brasil ha reactivado con fuerza la relación especial entre jueces y militares desde la independencia de Portugal, en 1822. Durante años, magistrados y militares han forjado un ideario de ley y orden para tutelar el destino de un país que, de tanto en tanto, ha tenido sus sobresaltos políticos. Esa relación se estrecha ahora con Bolsonaro, un militar en la reserva que dejó el Ejército en 1987 para dedicarse a la política con un discurso que reivindicaba el papel de las Fuerzas Armadas.

Cuando era candidato, el nuevo presidente de Brasil ya anunciaba en su campaña electoral que, si llegaba al poder, la mitad de sus ministros procederían del círculo militar. Al final serán un tercio, siete de los 22 que ya están confirmados en su Gabinete.

El presidente Michel Temer ya había abierto espacio para que algunos militares condujeran su Gobierno de transición después del impeachment de Dilma Rousseff. Pero ha sido Bolsonaro quien ha resucitado a los militares de forma contundente en la política, después de 33 años prácticamente en silencio, mientras el país exorcizaba los años del régimen militar que duró entre 1964 y 1985. Las noticias de corrupción protagonizadas por el Partido de los Trabajadores (PT) y una economía en declive despertaron el rechazo del país en contra de la izquierda. Pero algunos temieron que, con Bolsonaro, se podría volver a la dictadura. Siempre atento a las reacciones de la opinión pública, el presidente electo anunció de inmediato: “Soy esclavo de la Constitución”.

Un día después de ser confirmado en las urnas, el presidente electo hizo un gesto simbólico de compromiso con la ley cuando ofreció el puesto de ministro de Justicia y Seguridad al juez Sérgio Moro. El magistrado ha impulsado durante los últimos cinco años la mayor ofensiva judicial contra la corrupción política en Brasil, la Operación Lava Jato, y ha encarcelado al gran enemigo político de Bolsonaro, el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva. Moro abandonó la magistratura y aceptó juntarse a la troupe de militares. Es, hasta la fecha, el ministro que mejor ha diseñado la estructura de su departamento.

Los últimos años de turbulencias políticas han sido los que han llevado a los brasileños a vivir la actual época de polarización. Los militares surgen en este contexto, presentándose como la institución que asegura la integridad del país al mismo tiempo en que logran reescribir su pasado cuando eran vistos como enemigos de la libertad y de la democracia. A diferencia de antes, ahora hay un presidente respaldado por el voto popular para representarlos, y las Fuerzas Armadas han anunciado que respetarán todos los compromisos democráticos. La nueva página que se escribe en la historia de un país de 209 millones de ciudadanos coincide con una disposición de la Corte Suprema de Brasil de reducir el protagonismo del poder judicial en la vida política para acordar un pacto y una acción coordinada con el Ejecutivo y el Legislativo.

Un Ejecutivo fuerte

Desde 2014, cuando la investigación de la Operación Lava Jato empezó a sacudir el país, el Supremo decidió el destino de grandes protagonistas de la vida política, como la expresidenta Dilma Rousseff. También el juicio del expresidente Lula, hoy encarcelado por corrupción. Ahora se considera que ha llegado el momento de que el Ejecutivo gane músculo, un anhelo que los militares quieren garantizar después de la pérdida de rumbo de Brasil con la interrupción del Gobierno de Rousseff, y la tambaleante gestión del presidente Michel Temer, a quien le faltó el soporte del voto para tener más legitimidad. “Fuimos el hilo conductor de la sociedad brasileña. Ahora llegó el momento en el que los representantes que fueron elegidos lleven de nuevo la credibilidad a la nación”, dijo el presidente del Supremo, Antonio Dias Toffoli, en una reunión con la prensa en noviembre pasado.

El presidente de la Corte ya buscaba esa coordinación futura antes del resultado de las elecciones, que llegó el 28 de octubre. En un gesto inusual entre los miembros del Supremo, designó en septiembre a un oficial del Ejército para ser su asesor especial, el general Fernando Azevedo e Silva. La asesoría le duró poco. Silva fue nombrado ministro de Defensa del nuevo Gobierno, cargo que asumirá mañana. Pero Toffoli ya tiene a un sustituto para asesorarlo: otro general, Ajax Porto Pinheiro, uno de los excomandantes de las tropas de paz de las Naciones Unidas en Haití.

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